Los hechos ocurrieron en jornadas consecutivas de octubre de 2025 y afectaron a un trabajador de una estación de servicio y al conductor de un microbús que realizaba el recorrido entre Santa Cruz y San Fernando.
SANTA CRUZ, REGIÓN DE O’HIGGINS – El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santa Cruz dictó sentencia contra Franco Bastián Salas Cerpa, tras establecer su responsabilidad como autor de dos delitos consumados de robo con intimidación cometidos en distintos puntos de la comuna.
En fallo unánime, correspondiente a la causa rol 137-2026, el tribunal condenó al acusado a una pena única de 10 años y un día de presidio efectivo por ambos ilícitos, perpetrados durante octubre del año pasado.
De acuerdo con los hechos acreditados más allá de toda duda razonable, el primero de los robos ocurrió cerca de las 23:30 horas del 7 de octubre de 2025, cuando una de las víctimas se encontraba trabajando en una estación de servicio Copec ubicada en calle Pacífico Marín N°11.
Según estableció el tribunal, Salas Cerpa llegó al recinto portando un bidón y solicitó una carga de $2.000 en combustible. Al momento de pagar indicó que no tenía dinero y posteriormente exigió al trabajador la entrega de $20.000, mientras le mostraba un elemento que aparentaba ser un arma de fuego y que llevaba en el cinto del pantalón. Ante la intimidación, la víctima entregó el dinero.
El segundo hecho se registró al día siguiente, 8 de octubre, y tuvo como víctima al conductor de un microbús que realizaba el recorrido entre Santa Cruz y San Fernando.
El condenado abordó el vehículo en un paradero ubicado frente al Hospital de Santa Cruz y permaneció como pasajero hasta llegar al sector de Paniahue. Al momento de descender, preguntó por el valor del pasaje y posteriormente utilizó nuevamente un elemento que aparentaba ser un arma de fuego para intimidar al conductor.
“Ya hagámosla cortita no más”, señaló Salas Cerpa, según los hechos establecidos en la sentencia. Frente a la amenaza, el conductor entregó aproximadamente $30.000 correspondientes a la recaudación, tras lo cual el sujeto huyó con el dinero.
La resolución fue adoptada por los magistrados Daniel Ocampo, presidente del tribunal; María Angélica Mulatti; y Alejandro González, redactor del fallo.
Además de la pena privativa de libertad, el tribunal impuso las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos y derechos políticos, junto con la inhabilitación absoluta para profesiones titulares durante el tiempo que se extienda la condena.
Una vez que la sentencia quede ejecutoriada, se ordenó la toma de una muestra biológica al condenado para determinar su huella genética e incorporarla al Registro Nacional de ADN de Condenados.
