Los cuatro sentenciados participaron en una serie de delitos que afectaron a viviendas, establecimientos educacionales, predios agrícolas y locales comerciales entre marzo y agosto de 2024.
CURICÓ, REGIÓN DEL MAULE – Penas que van desde 5 años y un día hasta 15 años de presidio efectivo recibió una agrupación criminal dedicada a cometer robos en distintas comunas de las regiones del Maule, O’Higgins y La Araucanía, tras una investigación liderada por la Unidad de Análisis Criminal y Alta Complejidad (UNAAC) de la Fiscalía.
La organización delictual operó entre marzo y agosto de 2024, afectando a víctimas de las comunas de Curicó y Río Claro, en la Región del Maule; Santa Cruz, Placilla, Rinconada y Lolol, en la Región de O’Higgins; y Lautaro, en la Región de La Araucanía.
De acuerdo con los antecedentes presentados en juicio, los integrantes de la banda se especializaban en ingresar por la fuerza a viviendas, locales comerciales, escuelas rurales y predios agrícolas para sustraer diversas especies.
Entre los bienes robados se encontraban maquinarias, herramientas, insumos agrícolas, joyas, ropa y equipos tecnológicos, especialmente computadores y tablets sustraídos desde establecimientos educacionales.
Las diligencias investigativas desarrolladas por la UNAAC permitieron identificar a los responsables y vincularlos con cada uno de los delitos investigados.
El fiscal de la UNAAC, Rodrigo Pizarro, explicó que el tribunal condenó a cuatro integrantes de una agrupación dedicada a cometer robos en lugares habitados y no habitados en tres regiones del país. Agregó que fueron trece los hechos acreditados durante el juicio y que las penas impuestas deberán cumplirse de manera efectiva en distintos recintos penitenciarios.
El persecutor destacó además que las diligencias fueron desarrolladas por detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI de Curicó, bajo las instrucciones del Sistema de Análisis Criminal de la Región del Maule.
Condenados y penas
La sentencia pone término a una investigación que permitió esclarecer una serie de delitos contra la propiedad registrados en distintas comunas del centro sur del país, afectando tanto a particulares como a establecimientos educacionales y sectores productivos.






