Un informe emitido por la Contraloría General de la República reveló graves falencias en la ejecución del proyecto de entrega de contenedores de basura financiado con recursos públicos en la comuna de Teno, durante la gestión municipal encabezada por la exalcaldesa Sandra Améstica. Entre las anomalías detectadas, se incluye la incorporación de personas fallecidas en la nómina de beneficiarios del programa.
Durante la sesión del concejo municipal realizada el miércoles 14 de mayo, se dio lectura al informe que detalla, entre otros puntos, un retraso significativo en la entrega de los 4.820 contenedores adquiridos en 2022 por un valor superior a los $128 millones. La Contraloría constató que, al 14 de abril de 2025, sólo se habían entregado 4.269 unidades, quedando 551 pendientes, de las cuales 428 no tienen respaldo documental ni ubicación conocida.
Además, el organismo fiscalizador advirtió que 104 contenedores permanecen almacenados a la intemperie en el patio de un inmueble arrendado por la Corporación Cultural de Teno, mientras que otros 20 se encuentran en mal estado.
Una de las observaciones más graves es la detección de al menos nueve personas fallecidas en el listado de beneficiarios. Según el informe, uno de los casos corresponde a un vecino que había fallecido en septiembre de 2021 y que aún figuraba en la nómina publicada por el municipio en abril de 2024.
El proceso de distribución, que originalmente debía enfocarse en el sector urbano de Teno, fue extendido a sectores rurales no contemplados en el proyecto inicial, en algunos casos sin verificación de residencia o identificación de los receptores. La entrega se realizó de forma masiva y sin documentación adecuada que respalde la recepción de los bienes.
La Contraloría instruyó al municipio a realizar una revisión exhaustiva de todos los contratos de comodato y a regularizar la situación de los contenedores, además de iniciar un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas. El informe también establece plazos para que la municipalidad acredite documentalmente las acciones correctivas adoptadas.
Estos antecedentes, según señala el órgano contralor, evidencian una vulneración de los principios de responsabilidad, eficiencia, transparencia y control en el uso de recursos públicos.
