La Contraloría General de la República (CGR) ofició a 232 municipios del país con el fin de que informen detalladamente sobre los descuentos aplicados —o pendientes de aplicar— a profesores que hayan dejado de ejercer sus funciones para participar en paralizaciones consideradas irregulares.
El requerimiento fue remitido el pasado viernes 6 de junio y solicita a las municipalidades remitir antecedentes sobre las medidas adoptadas para garantizar la continuidad del servicio educativo durante las movilizaciones, así como las acciones implementadas para efectuar los descuentos salariales correspondientes a los días no trabajados.
Desde el ente fiscalizador señalaron que la ausencia de funcionarios públicos por adherirse voluntariamente a una paralización no autorizada “implica necesariamente el descuento a sus remuneraciones del valor del tiempo no trabajado, por cuanto esa situación no configura causal que justifique la inasistencia”. En consecuencia, exigieron a los municipios entregar información documentada y detallada sobre los descuentos efectuados, incluyendo los nombres de los funcionarios afectados y los montos involucrados.
Además, en caso de que los descuentos aún no se hayan concretado, las entidades deberán remitir la información tan pronto se hagan efectivos. El plazo fijado por Contraloría para la entrega de estos antecedentes es de cinco días hábiles a contar desde la recepción del oficio.
Este pronunciamiento se suma a uno anterior de la CGR, emitido la semana pasada, en el que reiteró que las paralizaciones no autorizadas por parte de trabajadores del sector público deben conllevar descuentos en sus remuneraciones.
La medida ha generado rechazo desde el Colegio de Profesores, cuyo presidente, Mario Aguilar, calificó la actuación de Contraloría como parte de una “inusitada operación política para atentar contra los derechos laborales”. Según el dirigente gremial, la resolución desconoce avances previos en materia de derechos laborales y el derecho a movilización de los trabajadores públicos.
Por su parte, la CGR reafirmó que los organismos del Estado deben cumplir con los principios de continuidad del servicio público, eficiencia y eficacia, velando por el correcto uso de los recursos públicos y el cumplimiento de la función estatal.
