Más de 100 proyectos de seguridad de Curicó fueron declarados inadmisibles por el Gobierno Regional del Maule
Consejero regional pide investigación por posibles inconsistencias en la evaluación de iniciativas comunitarias mientras autoridades anuncian modernización del sistema de prevención del delito.
CURICÓ, REGIÓN DEL MAULE – En medio del reciente anuncio del Convenio de Colaboración entre el gobernador Pedro Pablo Álvarez-Salamanca y la subsecretaria Carolina Leitao, destinado a modernizar la gestión pública y fortalecer la prevención del delito mediante herramientas tecnológicas de última generación, se conoció una situación que ha generado preocupación en la comunidad curicana: más de 100 proyectos de seguridad presentados por organizaciones sociales de la comuna fueron declarados inadmisibles.
El convenio firmado permitirá avanzar en la implementación del Sistema Integrado de Teleprotección con Inteligencia Artificial (SITIA), una iniciativa que busca optimizar la labor preventiva mediante el uso de cámaras, sensores y análisis predictivo. Sin embargo, mientras se celebraba este avance institucional, dirigentes vecinales y autoridades locales manifestaban su inquietud por la masiva exclusión de propuestas comunitarias que buscaban financiamiento a través del Fondo de Seguridad Pública del Gobierno Regional del Maule.
Falta de criterios unificados
El consejero regional Roberto García, representante de Curicó, calificó la situación como “inédita” y pidió una revisión inmediata del proceso evaluativo.
“Por primera vez tantos proyectos de seguridad han quedado fuera en nuestra comuna de Curicó, siendo que los formuladores son los mismos que han trabajado exitosamente en años anteriores. Sabemos que el gobernador regional tiene la mejor voluntad, pero aquí hay que dejar claro que los consejeros regionales no somos quienes revisamos los proyectos”, explicó.
El consejero añadió que se solicitó un informe detallado al jefe de la División de Proyectos del Gobierno Regional, luego de detectar que propuestas con observaciones idénticas tuvieron resultados distintos, lo que evidenciaría criterios dispares entre los evaluadores.
“Nosotros hemos visto que cada evaluador aplica criterios diferentes. Hay proyectos con la misma observación donde uno queda admisible y otro inadmisible, eso debe investigarse”, señaló García.
Consejo extraordinario y reclamos formales
El CORE informó que el próximo martes 11 de noviembre se realizará un consejo extraordinario para analizar los antecedentes y exigir claridad sobre el procedimiento.
“Estamos pidiendo todos los documentos y evaluaciones. Queremos saber qué criterios aplicó cada evaluador. Las organizaciones afectadas deben hacer sus reclamos formales, porque al quedar inadmisibles no pueden responder observaciones ni volver a concursar este año”, advirtió el consejero.
La situación ha provocado malestar entre las juntas de vecinos y agrupaciones que habían postulado a proyectos destinados a instalar cámaras de vigilancia, mejorar luminarias y reforzar medidas de seguridad barrial, iniciativas que ahora no podrán ejecutarse pese a la alta demanda ciudadana por mayor prevención del delito.
