Imputado quedó con medidas cautelares mientras fiscalía sostiene que constituye un peligro para la seguridad de la sociedad
TALCA, REGIÓN DEL MAULE – Una alerta emitida desde Estados Unidos permitió a las autoridades chilenas detener a un hombre de 33 años acusado de descargar y almacenar material sexual con menores de edad. La denuncia se originó luego de que Google detectara archivos ilícitos en su cuenta de Drive y los reportara al Centro Nacional para Niños Perdidos y Explotados (NCMEC), organismo que derivó los antecedentes al Ministerio Público.
La fiscalía instruyó diligencias a la Brigada del Cibercrimen de la PDI, cuyos funcionarios detuvieron al imputado —identificado como R.A.H.J.— en su lugar de trabajo, una empresa de telecomunicaciones ubicada en la comuna de Maule. En ese procedimiento se incautó su teléfono celular.
Posteriormente, los detectives allanaron su domicilio en Talca, donde encontraron un notebook y un segundo teléfono móvil que contenían nueve videos con menores de edad en actos sexuales con adultos, material que fue levantado como evidencia.
El fiscal José Luis González, encargado de la formalización, explicó que se solicitó la medida de prisión preventiva debido a la gravedad de los hechos y al riesgo para la seguridad de la sociedad, especialmente considerando la circulación internacional de este tipo de archivos. “A pesar de la irreprochable conducta anterior del imputado, lo consideramos un peligro para la seguridad de la sociedad, porque se trata de material con niños pequeños. Esta actividad de descarga participa de un tráfico de imágenes y promueve la explotación de niños en Chile o en otros países”, indicó.
Sin embargo, el tribunal desestimó la solicitud y aplicó las medidas cautelares de arraigo nacional y firma semanal ante Carabineros, considerando la baja penalidad del delito, la colaboración del imputado y su falta de antecedentes previos.
A partir de ello, la fiscalía solicitó una audiencia de procedimiento abreviado, instancia en la que el imputado deberá reconocer su participación para obtener una sentencia sin llegar a juicio oral. La audiencia quedó fijada para junio de 2026.
Las diligencias investigativas continúan y están enfocadas en recuperar archivos eliminados desde los dispositivos tecnológicos incautados.
