La iniciativa aprobada en la Cámara de Diputadas y Diputados busca entregar nuevas herramientas de fiscalización y coordinación municipal.
VALPARAÍSO, CHILE – La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley (boletín 17615) que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (N°18.695), con el fin de incorporar mecanismos de control al comercio ambulante informal e ilegal. La iniciativa fue enviada a segundo trámite legislativo.
El texto establece que las municipalidades podrán adoptar medidas orientadas a recuperar los espacios públicos afectados por la instalación de comercio ambulante o estacionado sin autorización, fortaleciendo el rol de los gobiernos locales en la fiscalización de esta actividad.
Entre las medidas aprobadas, se dispone que los alcaldes deberán informar trimestralmente al Consejo Comunal de Seguridad Pública sobre el número de permisos otorgados para ejercer el comercio en espacios públicos, además de dar cuenta pública de las acciones destinadas a reducir el comercio informal.
Asimismo, se designarán delegados encargados de prevenir y detectar el comercio ilegal en la vía pública, quienes podrán coordinarse con organismos como el Servicio Nacional de Aduanas y las Secretarías Regionales Ministeriales de Seguridad Pública y de Salud.
El Consejo Comunal de Seguridad Pública podrá emitir opinión sobre los permisos otorgados y su impacto, mientras que el Plan Comunal de Seguridad deberá incluir medidas, objetivos y mecanismos específicos de control.
Fiscalización y sanciones
El proyecto establece que Carabineros de Chile e inspectores municipales o fiscales serán los encargados de fiscalizar el comercio ambulante informal e ilegal, aplicando multas que van desde media UTM a dos UTM, y en caso de reincidencia, entre dos y cuatro UTM.
También se sancionará a quienes mantengan depósitos o almacenen mercancías sin patente municipal o con patente vencida, con multas que podrían alcanzar hasta 20 UTM o el 200% del valor de la patente.
Las ordenanzas municipales deberán incluir la regulación del decomiso y destrucción de mercaderías en un plazo máximo de 48 horas, además del retiro y subasta de vehículos o carros usados sin permiso.
Por otro lado, los municipios tendrán que establecer lugares específicos donde se autorice el comercio ambulante, junto con implementar un sistema único de identificación personal con registro fotográfico para quienes cuenten con permisos vigentes.
Debate parlamentario
Durante la sesión, los diputados destacaron que el proyecto entrega un marco legal más claro y coherente con la realidad actual de los espacios públicos, permitiendo mejorar la coordinación institucional.
Algunos parlamentarios advirtieron que, si bien el combate al comercio ilegal es necesario, también se deben revisar los procedimientos de decomiso, pues pueden afectar la posibilidad de que quienes ejercen el comercio informal se formalicen.
