La iniciativa modifica la Ley de Tránsito para impedir la obtención, renovación y mantención de licencias a quienes figuren en el Registro Nacional de Deudores
SANTIAGO, CHILE – La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que busca restringir la entrega y renovación de licencias de conducir a las personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, iniciativa contenida en el boletín 17.461 y que ahora avanzará al Senado para su segundo trámite constitucional.
El texto, impulsado por la diputada Alejandra Placencia junto a parlamentarios de distintas bancadas, había sido aprobado en general el 10 de septiembre. Tras retornar a la Comisión de Mujeres para discutir indicaciones, estas fueron rechazadas tanto en comisión como en Sala, manteniéndose la propuesta original.
La iniciativa incorpora como nuevo requisito para obtener o renovar una licencia de conducir no figurar en el Registro de Deudores de Pensiones de Alimentos. Será responsabilidad del funcionario municipal verificar esta condición al momento de la solicitud.
El proyecto también establece que las personas que ingresen al registro después de haber obtenido su licencia verán cancelado el documento. Para ello, los Departamentos de Tránsito deberán revisar mensualmente el registro, identificar a los titulares inscritos y notificar la cancelación administrativa por medios electrónicos o carta certificada.
Asimismo, se prohíbe la renovación de licencias a quienes estén inscritos en el registro al momento del trámite.
Una vez que la persona salga del registro, podrá solicitar una nueva licencia sin esperar los dos años exigidos para otras causales de cancelación.
Durante la discusión en Sala intervinieron parlamentarios como Hotuiti Teao, Carolina Tello, Andrés Longton, Alejandra Placencia, Camila Rojas, Daniela Serrano, Chiara Barchiesi y Jorge Rathgeb.
Se destacó transversalmente la importancia de promover el pago efectivo de las pensiones de alimentos, señalando que esta medida busca garantizar derechos esenciales de miles de niños, niñas y adolescentes.
Entre los argumentos a favor, legisladores citaron datos de la Contraloría, que indican que entre 2022 y 2024 más de 3.400 deudores obtuvieron o renovaron su licencia acumulando más de $17 mil millones en pensiones impagas. También se subrayó que el 70% de los municipios no cumplió la norma que ya impide entregar licencias a deudores.
Para sus promotores, la iniciativa busca actualizar la Ley de Tránsito, mejorar su eficacia y asegurar que las obligaciones parentales se cumplan. “No busca castigar, sino hacer cumplir la ley”, señalaron distintas autoridades en el debate.
Algunos parlamentarios advirtieron que el problema central no sería la falta de legislación, sino su incumplimiento, criticando que la propuesta aumente la carga administrativa y burocrática de los departamentos de tránsito sin resolver el fondo de la problemática.
Aun así, la mayoría respaldó avanzar en el proyecto como una señal clara de responsabilidad parental y cumplimiento de obligaciones legales.
