El organismo fiscalizador cuestionó la eliminación y flexibilización de exigencias técnicas para vehículos de aplicaciones de transporte, señalando que no existen antecedentes suficientes que justifiquen los cambios propuestos.
SANTIAGO, CHILE – La Contraloría General de la República resolvió no aprobar el reglamento corregido presentado por el Ministerio de Transportes para implementar la denominada Ley Uber, argumentando que las modificaciones propuestas reducen exigencias técnicas sin contar con fundamentos fácticos, técnicos y jurídicos suficientes que respalden la medida.
La decisión fue comunicada mediante un oficio dirigido al ministro de Transportes, Louis de Grange, en el que la contralora Dorothy Pérez informó que el organismo no dará curso al documento que buscaba modificar el decreto supremo N° 212, relacionado con los servicios de transporte remunerado de pasajeros.
Según expone el órgano fiscalizador, el reglamento presentado “elimina, modifica y disminuye exigencias técnicas aplicables a los vehículos destinados a prestar a la ciudadanía los servicios de taxi”, incluyendo aspectos como la antigüedad máxima de operación, la antigüedad mínima para la primera inscripción y la cilindrada mínima exigida, sin que existan antecedentes que justifiquen adecuadamente dichos cambios.
Además, la Contraloría cuestionó que estas modificaciones no fueran sometidas a un proceso de consulta pública, situación que, a juicio del organismo, requería una explicación formal por parte de la autoridad.
El nuevo reglamento impulsado por el Gobierno buscaba reducir barreras de entrada para conductores y vehículos que operan a través de aplicaciones de transporte, flexibilizando diversos requisitos con el objetivo de favorecer la empleabilidad y facilitar la operación del sistema.
Entre los cambios considerados se encontraba el aumento de la antigüedad permitida para los vehículos, la eliminación de requisitos asociados a la cilindrada y potencia del motor, así como mayores facilidades para reemplazar conductores registrados en las plataformas.
No obstante, la contralora Dorothy Pérez sostuvo que cualquier disminución en los estándares exigidos debe estar debidamente respaldada.
“Se incluyen modificaciones que rebajan el estándar y calidad de los servicios que la ciudadanía ya recibe, de manera que resulta necesario que tal decisión se encuentre debidamente fundada en razones fácticas, técnicas y jurídicas acreditadas”, señala el oficio emitido por la Contraloría.
Asimismo, el documento recuerda que tanto la legislación vigente como diversos dictámenes del organismo establecen la obligación de fundamentar adecuadamente los actos administrativos, con el fin de evitar decisiones arbitrarias o que eventualmente puedan interpretarse como una desviación de poder.
Cabe recordar que el reglamento original elaborado durante la administración anterior buscaba equiparar parte de las exigencias aplicables a los taxis y a los vehículos de plataformas digitales, estableciendo, entre otras medidas, una cilindrada mínima de 1.400 centímetros cúbicos.
Tras este pronunciamiento, el Ministerio de Transportes deberá revisar la propuesta y presentar nuevos antecedentes si pretende insistir en las modificaciones contempladas para la implementación de la Ley Uber.
