La medida forma parte del “Plan Escudo Fronterizo” y considera cruces de información, auditorías y sanciones económicas para empleadores que incumplan la normativa migratoria.
SANTIAGO, CHILE – En el marco del denominado “Plan Escudo Fronterizo”, el Gobierno anunció un reforzamiento de las fiscalizaciones dirigidas a empresas que mantengan contrataciones de migrantes en situación irregular, medida que incluirá notificaciones formales, cruces masivos de información y mayores sanciones económicas para empleadores infractores.
El anuncio fue realizado por el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, quien confirmó que el Ejecutivo comenzará a utilizar antecedentes previsionales y laborales para detectar contrataciones fuera de la normativa vigente.
“La Superintendencia de Pensiones nos va a entregar información de personas que están siendo contratadas ilegalmente, que están cotizando en AFP sin poder hacerlo legalmente, porque en Chile no se puede trabajar sin autorización”, afirmó la autoridad.
Según explicó Sauerbaum, las empresas detectadas serán notificadas mediante oficios para regularizar la situación de los trabajadores extranjeros contratados de forma irregular.
La medida se complementará con auditorías en terreno desarrolladas por equipos de la Dirección del Trabajo (DT) y del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), focalizadas principalmente en sectores como agricultura, construcción y logística.
Multas y sanciones contempladas en la ley
La nueva ofensiva fiscalizadora se sustenta en las disposiciones establecidas en la Ley N°21.325 de Migración y Extranjería, normativa que contempla distintas sanciones económicas para empleadores que contraten a extranjeros sin autorización para trabajar en Chile.
De acuerdo con la legislación vigente, las multas se aplicarán por cada trabajador extranjero detectado en infracción y variarán según el tamaño de la empresa:
- Microempresas: entre 1 y 20 UTM.
- Pequeñas empresas: entre 10 y 40 UTM.
- Medianas empresas: entre 30 y 100 UTM.
- Grandes empresas: entre 60 y 200 UTM.
La ley establece además que, en caso de reincidencia dentro de un período de dos años, las sanciones podrán aplicarse en su valor máximo.
Asimismo, la normativa señala que las multas no eximen a los empleadores de cumplir con las obligaciones laborales y previsionales correspondientes.
Desde el Ejecutivo sostienen que el endurecimiento de las fiscalizaciones busca reducir espacios de informalidad laboral y fortalecer el cumplimiento de la legislación migratoria y laboral.
“El llamado es que quienes quieran trabajar en Chile puedan ingresar con una visa de trabajo, porque la ley actual no permite cambiar el estatus migratorio una vez dentro del país”, agregó Sauerbaum.
En paralelo, el director de Migraciones destacó avances en las obras del denominado “Plan Escudo Fronterizo”, indicando que actualmente existe un 40% de avance en la zanja de control fronterizo, infraestructura que alcanzará un total de 50 kilómetros.
