Gobierno debe ingresar el proyecto esta semana en medio de cuestionamientos por transparencia, recortes regionales y metas de déficit estructural.
SANTIAGO, CHILE – El Ejecutivo tiene plazo hasta este martes para ingresar al Congreso el proyecto de Ley de Presupuestos 2026, iniciativa que deberá ser despachada a más tardar el 30 de noviembre. El debate se anticipa complejo, con choques entre Gobierno y oposición, además de dudas sobre la capacidad fiscal de alcanzar las metas comprometidas.
La discusión se abrió con una ofensiva de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien condicionó la tramitación del erario a que se «transparenten» las cifras de la deuda pública. La aspirante a La Moneda denunció un déficit de al menos $300 mil millones en el Serviu, acusó que los números oficiales son “mentirosos” y advirtió que la situación ha afectado gravemente a pymes y contratistas.
Desde Hacienda, el ministro Nicolás Grau rechazó las acusaciones, señalando que todas las facturas emitidas cuentan con respaldo presupuestario y que el mecanismo de pago utilizado con proveedores corresponde al “confirming” vigente desde 2011, y no a un préstamo encubierto de BancoEstado al Minvu.
A las críticas se suman los gobernadores regionales, tras los ajustes anunciados por Hacienda por US$2.000 millones. En el Maule, por ejemplo, el gobernador Pedro Pablo Álvarez-Salamanca denunció una rebaja de 6,2 % en su presupuesto, calificándola como “criterio político” que castiga a las regiones opositoras.
Otro foco estará en el cumplimiento de las metas fiscales. El Ejecutivo había comprometido llegar al -1,1 % de déficit estructural en 2026, aunque el último Informe de Finanzas Públicas corrigió la proyección a -1,6 %, lo que motivó advertencias del Consejo Fiscal Autónomo sobre el riesgo de no alcanzar la convergencia. La comisión asesora del gasto público planteó 34 medidas para reducir y contener el gasto, entre ellas la eliminación de duplicidades en programas sociales y mayor control presupuestario.
El Ejecutivo adelantó un aumento de 2 % en el gasto total, con énfasis en salud, vivienda, previsión y empleo. “Será un presupuesto de responsabilidad social y fiscal”, afirmó el ministro Grau en TVN, destacando que la propuesta busca responder a urgencias ciudadanas sin descuidar la trayectoria de la deuda.
En paralelo, se analiza la incorporación de una glosa de libre disposición, que permitiría a la administración siguiente contar con un fondo flexible en un año electoral. Como antecedente, el gobierno anterior dejó US$678 millones de este tipo a la actual gestión.
