Una grave situación de seguridad afectó este sábado a la zona sur de la región del Maule, luego que dos robos de cables de cobre en líneas de transmisión eléctrica dejaran sin suministro a más de 22.500 clientes de las comunas de San Javier, Villa Alegre, Maule y Constitución.
El primer hecho ocurrió a las 02:54 horas, cuando un tramo de la línea ubicada entre Villa Alegre y San Javier fue objeto de sustracción de cableado, dejando sin energía a más de 6.500 usuarios. Gracias a maniobras operativas realizadas por la empresa CGE, el servicio fue restablecido completamente en apenas dos minutos, a las 02:56 horas.
No obstante, una segunda intervención delictiva se registró a las 04:13 horas en un punto cercano al acceso a San Javier, afectando esta vez a otros 16.000 clientes, incluyendo a usuarios de las comunas de Villa Alegre, Constitución y Maule. El restablecimiento del suministro se logró de forma progresiva, logrando la normalización total a las 07:34 horas.
“La ocurrencia de estos hechos, aprovechando las condiciones climáticas adversas del sistema frontal, da cuenta de la organización que existe detrás de estas bandas delictuales. CGE ya presentó las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público y las policías, con el objetivo de que se persiga y sancione a los responsables”, indicó Leonardo Morales, gerente de Transmisión Sur de CGE.
La empresa también informó que la situación ha sido reportada a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) en la región del Maule, entidad que se encuentra monitoreando el caso desde la madrugada. A pesar de que al mediodía del sábado no se reportaban clientes sin suministro, los equipos de CGE continuaban desplegados en terreno para reponer los tramos robados y reconstruir las estructuras afectadas.
Desde la compañía advirtieron sobre el impacto grave y transversal que genera el robo de cables eléctricos, ya que no solo compromete la continuidad del servicio, sino que afecta la estabilidad del sistema eléctrico, pone en riesgo a pacientes electrodependientes, hospitales, pequeños comercios y la seguridad general de las comunidades.
“Este tipo de delitos representa una amenaza directa para la seguridad de las personas y para el funcionamiento de servicios esenciales. Reiteramos nuestro llamado a que estos hechos sean investigados con celeridad”, concluyó Morales.
