El Ejecutivo confirmó que el recinto penitenciario ubicado en el bypass de Rancagua podría transformarse en el plan alternativo para aumentar la capacidad carcelaria del país, en medio del crecimiento sostenido de la población penal.
RANCAGUA, REGIÓN DE O’HIGGINS – La ampliación del Complejo Penitenciario de Rancagua aparece hoy como la principal carta alternativa del Gobierno en caso de que el proyecto para expandir la cárcel Santiago 1 no logre superar los obstáculos judiciales que mantienen suspendida su ejecución.
La posibilidad fue confirmada por el subsecretario de Justicia, Luis Silva, quien señaló que el Ejecutivo ya cuenta con una estrategia alternativa para enfrentar el déficit de plazas penitenciarias que afecta al sistema carcelario chileno.
“Tenemos un plan B y sería Rancagua. En Rancagua, ustedes saben, hay una cárcel concesionada en el bypass. Ahí hoy día hay un proyecto de ampliación que evidentemente en el tiempo estaba más adelante. Ese sería el plan B”, afirmó la autoridad en declaraciones a TVN.
No obstante, Silva precisó que la prioridad gubernamental continúa siendo la ampliación de Santiago 1, iniciativa que actualmente permanece paralizada debido a una resolución judicial que está siendo revisada por la Corte de Apelaciones.
“Vamos a insistir en nuestra posición de que esto es una ampliación y que obedece a una política no de gobierno, porque esto viene de la administración anterior”, sostuvo.
La eventual ampliación del recinto rancagüino cobra relevancia considerando que se trata de uno de los complejos penitenciarios más importantes del país. Ubicado en el sector bypass de Rancagua, el establecimiento fue inaugurado el 22 de noviembre de 2005 como parte del sistema de cárceles concesionadas impulsado por el Estado.
El complejo reemplazó a la antigua Cárcel Pública de Rancagua y fue diseñado para albergar aproximadamente 2.365 internos, convirtiéndose en uno de los mayores recintos penitenciarios de Chile.
La propuesta se enmarca en un plan nacional que busca responder al fuerte incremento de la población penal registrado durante los últimos años.
Según explicó el subsecretario, en 2022 el sistema penitenciario mantenía cerca de 40 mil personas privadas de libertad, mientras que actualmente la cifra alcanza aproximadamente 65 mil internos, generando una creciente presión sobre la infraestructura existente.
“Hoy día tenemos tres recintos, dos de ellos con más de 7.000 internos cada uno. Prácticamente Santiago 1 y Santiago Sur están muy por sobre la capacidad”, indicó Silva.
Ante este escenario, el Gobierno proyecta la creación de 24 mil nuevas plazas penitenciarias al año 2031, mediante iniciativas que consideran ampliaciones y nuevos proyectos en ciudades como Arica, Antofagasta, Calama, Copiapó y Rancagua.
La autoridad también confirmó que se evalúa la construcción de un recinto especializado para internos de alta peligrosidad, precisando que futuros establecimientos deberán ubicarse en sectores alejados de zonas urbanas.
Sin embargo, la posibilidad de ampliar la infraestructura penitenciaria en Rancagua ya comenzó a generar reacciones políticas.
El diputado PPD Fernando Zamora cuestionó la forma en que se dio a conocer la información.
“Lo mínimo que esperamos de un Gobierno serio es que este tipo de decisiones no las comunique por la prensa, sino que las converse con las comunidades y las autoridades que representan a esas comunidades”, afirmó.
En la misma línea, el diputado PPD Raúl Soto señaló que si bien el país enfrenta un problema penitenciario, la discusión debe realizarse con criterios técnicos.
“No queremos transformarnos tampoco en el patio trasero de la delincuencia y de los reos de la Región Metropolitana”, manifestó.
Desde el Senado, el parlamentario socialista Juan Luis Castro calificó la propuesta como un error.
“Las declaraciones sobre un eventual traslado de la cárcel de alta seguridad de Santiago a Rancagua son un despropósito. No se puede utilizar nuevamente a nuestra ciudad como el foco de la delincuencia”, sostuvo.
Por su parte, la diputada independiente-UDI Natalia Romero afirmó que las futuras instalaciones penitenciarias deben evaluarse considerando factores como densidad poblacional, factibilidad territorial y calidad de vida de los vecinos.
Mientras continúa el debate, el futuro del proyecto dependerá tanto de la resolución judicial que afecta a Santiago 1 como de las decisiones que adopte el Ejecutivo para enfrentar el desafío de ampliar la capacidad del sistema penitenciario nacional.
