La normativa incorpora nuevas herramientas para enfrentar hechos de violencia en establecimientos educacionales, regula la revisión de pertenencias, fortalece las facultades de los profesores y establece una mayor participación de padres y apoderados.
SANTIAGO, REGIÓN METROPOLITANA – Nuevas atribuciones para docentes, revisión de mochilas bajo protocolos específicos, medidas frente a amenazas y una mayor responsabilidad de padres y apoderados forman parte de los principales cambios establecidos por la Ley 21.827 “Escuelas Protegidas”, normativa impulsada para reforzar la seguridad y convivencia al interior de los establecimientos educacionales.
La legislación fue publicada en el Diario Oficial este miércoles 12 de agosto, actividad encabezada por el Presidente de la República, José Antonio Kast, junto a autoridades de Gobierno y representantes de la comunidad educativa.
Uno de los principales puntos de la nueva ley permite que los establecimientos incorporen en sus reglamentos internos la revisión de mochilas, bolsos y pertenencias para evitar el ingreso o porte de elementos potencialmente peligrosos. El procedimiento deberá realizarse en un espacio privado y contar con al menos dos adultos capacitados, uno de ellos perteneciente al equipo de convivencia escolar.
La normativa establece que no podrán efectuarse revisiones corporales ni de vestimentas, tampoco revisiones forzosas. Si un estudiante se niega, se deberá contactar a su apoderado para que concurra al establecimiento y revise las pertenencias en presencia de personal autorizado. Si también existe negativa del apoderado, el establecimiento deberá dejar constancia e informar a la Oficina Local de la Niñez correspondiente.
En caso de encontrarse elementos peligrosos, el personal deberá informar inmediatamente a los padres o apoderados y comunicar la situación a Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones (PDI) para que adopten las medidas correspondientes.
Mayor autoridad para los profesores
Otro cambio relevante apunta a fortalecer el rol de los docentes. La ley los faculta para adoptar medidas pedagógicas, preventivas, correctivas y disciplinarias de manera inmediata cuando sea necesario mantener el orden en la sala de clases, bajo criterios de proporcionalidad y pertinencia pedagógica.
También se establece que los reglamentos internos deberán contemplar prohibiciones de vestimentas o accesorios que impidan la identificación facial, exceptuando situaciones justificadas por razones de salud, religiosas u otras. Asimismo, las amenazas que provoquen la interrupción de las actividades académicas serán consideradas una afectación grave a la convivencia escolar.
Mayor participación de las familias
La normativa refuerza además la responsabilidad de padres y apoderados, quienes deberán asistir a citaciones relacionadas con medidas disciplinarias, convivencia o violencia escolar. Los reglamentos también podrán establecer la suspensión del ingreso al recinto de aquellos apoderados que hayan agredido física, verbal o digitalmente a funcionarios o estudiantes.
La legislación surge en un escenario marcado por un incremento de situaciones de violencia escolar. Según los antecedentes entregados por el Ejecutivo, las denuncias por maltrato contra adultos ante la Superintendencia de Educación aumentaron un 58% entre 2023 y 2025, pasando de 441 a 695. Además, durante 2025 se registró un promedio de 893 delitos por porte de armas en establecimientos educacionales, de acuerdo con cifras de Carabineros.
Durante la actividad, el Presidente José Antonio Kast señaló que la aplicación efectiva de las disposiciones será fundamental: “Más que una ley, es una herramienta. Porque uno en la ley puede decir lo que uno quiere, pero eso te lo tiene que llevar a la práctica”.
La normativa también busca disminuir la carga administrativa asociada a los conflictos escolares, priorizando mecanismos de gestión colaborativa, excepto cuando se trate de delitos o vulneraciones de derechos fundamentales.
