Pablo Silva Pérez explicó el procedimiento utilizado para la contratación vinculada al evento de 2024 y aseguró que los recursos provenían del Ministerio de las Culturas. Los antecedentes fueron denunciados ante la Contraloría por el concejal Matías Álvarez.
SAN FERNANDO, REGIÓN DE O’HIGGINS – El alcalde de San Fernando, Pablo Silva Pérez, abordó públicamente los cuestionamientos surgidos en torno a la contratación realizada para el Tren Cultural 2024, luego de la difusión de un reportaje televisivo y de una denuncia presentada ante la Contraloría General de la República por el concejal Matías Álvarez.
La controversia se relaciona con el Decreto Alcaldicio N° 199, mediante el cual se autorizó un trato directo por $180.880.000 destinado a la producción técnica del evento. Frente a los cuestionamientos, el jefe comunal entregó su versión durante una entrevista con un medio radial local.
Silva sostuvo que el procedimiento utilizado respondió a los plazos existentes para concretar la actividad y señaló que una licitación ordinaria no habría permitido cumplir con las fechas establecidas. “No teníamos tiempo para hacer una licitación de esa envergadura. No había ninguna forma de alcanzar a hacer esa licitación ni en los 20 ni mucho menos en los 30 días”, afirmó.
Según explicó el alcalde, los recursos destinados al Tren Cultural provenían íntegramente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y estaban contemplados en la Ley de Presupuestos 2024.
San Fernando, de acuerdo con los antecedentes entregados por la autoridad comunal, no estaba considerada originalmente dentro de las comunas beneficiarias de la Región de O’Higgins. Inicialmente, el programa contemplaba a Rancagua y Rengo, pero esta última quedó fuera del proceso por razones de seguridad, situación que llevó a buscar otra comuna para desarrollar la iniciativa.
El alcalde indicó que San Fernando fue seleccionada a fines de diciembre de 2023, entre otros factores, debido a que no registraba rendiciones pendientes.
Respecto de la contratación de Iván Rojas Producciones, Silva afirmó que el procedimiento fue desarrollado en coordinación con el Ministerio de las Culturas y posteriormente sometido a consideración del Concejo Municipal de la época.
“La fiesta se realizó, terminamos, hicimos todo bien este proceso y devolvimos un poco más de 3 millones de pesos que nos sobraron de las licitaciones”, sostuvo el jefe comunal.
La autoridad también cuestionó la forma en que se instaló públicamente la controversia y aseguró que existió una utilización política del caso. “Existen grupos políticos que tratan de generar una mala información y desprestigiar a los alcaldes que hacemos bien las cosas”, manifestó, agregando que, a su juicio, el reportaje buscó situar al municipio en una posición similar a otras administraciones que han enfrentado problemas.
Silva también se refirió directamente a la presentación realizada por el concejal Matías Álvarez, cuestionando que antes de acudir a la Contraloría no se hubieran solicitado antecedentes a las unidades técnicas municipales.
“Me llama la atención que un concejal que ha aprobado muchas licitaciones desde 2024 haga un aprovechamiento político de esta situación. No es la primera vez que ocurre. Cuando se da cuenta de que está equivocado, después no pide disculpas ni se retracta”, declaró.
Desde el municipio también se precisó que los hechos cuestionados corresponden al período comprendido entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, mientras que el actual Concejo Municipal, incluido Álvarez, asumió sus funciones el 6 de diciembre de 2024.
El alcalde señaló que valora que los antecedentes sean puestos a disposición de la Contraloría General de la República, organismo al que corresponderá revisar la presentación y determinar lo que proceda respecto del proceso cuestionado.
