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Municipalidad de Curicó destituye a directora del DAEM y pone término a relación laboral de jefa de Finanzas

La resolución fue adoptada en el marco de un procedimiento administrativo y contempla un plazo de cinco días hábiles para que las funcionarias interpongan recursos de reposición.

CURICÓ, REGIÓN DEL MAULE – La Municipalidad de Curicó resolvió aplicar medidas disciplinarias contra dos funcionarias del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM), luego de un procedimiento administrativo cuya vista fiscal fue aprobada mediante decreto alcaldicio.

La resolución establece la destitución de la directora del DAEM, Paulina Bustos López, mientras que para la jefa de la Unidad de Finanzas, Pilar Arriagada Bustamante, se determinó el término de su relación laboral.

De acuerdo con los antecedentes entregados, el decreto fue suscrito por el alcalde de Curicó, George Bordachar, y el secretario municipal, Juan Rafael González Vásquez. En el documento se señala además la aprobación de la vista fiscal realizada por Julio Ode, jefe de la Secretaría Comunal de Planificación (Secplac).

Ambas funcionarias cuentan con un plazo de cinco días hábiles administrativos para interponer un recurso de reposición en contra de la resolución adoptada.

Antecedentes del caso

La situación se desarrolla en medio de las investigaciones por presuntas irregularidades al interior del DAEM de Curicó. Previamente, Pilar Arriagada había sido suspendida de sus funciones mientras se desarrollaba un sumario administrativo, medida que contemplaba la retención del 50% de su remuneración durante dicho periodo.

A estos procedimientos administrativos se suman acciones judiciales iniciadas durante febrero de 2025, cuando el alcalde George Bordachar y el equipo jurídico municipal presentaron ante el Ministerio Público una querella por el delito de fraude al Fisco contra quienes resulten responsables.

La acción judicial está relacionada con presuntos pagos de sobresueldos y otras eventuales irregularidades detectadas en el DAEM, entre ellas pagos a determinados funcionarios mediante asignaciones que, según los antecedentes denunciados, carecerían de sustento legal.

Cabe precisar que estos últimos hechos corresponden a antecedentes denunciados y materias sometidas a investigación, por lo que las eventuales responsabilidades penales deberán ser determinadas por los organismos competentes.

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