Una nueva revelación de la Contraloría General de la República, publicada este jueves, profundizó la crisis generada por los casos de funcionarios públicos que realizaron viajes al extranjero pese a estar con licencia médica, involucrando esta vez directamente a los municipios de Curicó y Talca en la región del Maule.
De acuerdo con el informe ampliado entregado por Contraloría, la Municipalidad de Talca ocupa la posición número 19 en el listado nacional, con 307 casos observados de funcionarios municipales que habrían viajado fuera del país estando con licencias médicas, lo que genera cuestionamientos sobre posibles fraudes o irregularidades administrativas.
Por su parte, la Municipalidad de Curicó ocupa el lugar número 42 en este ranking nacional, con un total de 184 funcionarios cuestionados pertenecientes a las áreas de salud, educación y servicios generales, quienes también habrían realizado viajes internacionales mientras se encontraban bajo licencia médica entre los años 2023 y 2024.
Este escándalo nacional no solo implica una eventual pérdida de recursos públicos, sino que además derivó en que la Contraloría ordenara sumarios internos para determinar responsabilidades administrativas. Paralelamente, la Fiscalía Nacional inició una investigación penal de oficio, asignada al fiscal Álvaro Pérez, de la Fiscalía Metropolitana Oriente, para establecer posibles responsabilidades criminales.
A nivel nacional, las instituciones más afectadas continúan siendo la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) y la Fundación Integra, ambas dependientes del Ministerio de Educación, que en conjunto registran más de 4 mil casos cuestionados, equivalente al 11,8% del total nacional.
Frente a la magnitud de los hechos, diversos sectores políticos han solicitado medidas inmediatas, incluyendo la desvinculación de los funcionarios implicados, argumentando la necesidad de transparencia y responsabilidad en el uso de los recursos públicos.
La Contraloría General de la República continuará fiscalizando estos casos para esclarecer responsabilidades y prevenir futuras irregularidades en instituciones públicas.