POLICIAL

Alcalde de Molina destituye a tres funcionarios por uso de oficinas municipales en campaña electoral

La medida se enmarca en una política de tolerancia cero frente a las malas prácticas y al uso indebido de recursos públicos.

MOLINA, REGIÓN DEL MAULE – El alcalde de Molina, Felipe Méndez, anunció la destitución de tres funcionarios municipales tras comprobarse el uso de dependencias públicas para fines políticos durante la última campaña electoral. Los desvinculados son David Bugueño (coordinador de Turismo), Margot Lueiza (directora de la DIDEL) y Gabriel Silva (director de Salud).

La decisión fue adoptada luego de que la administración municipal acogiera las conclusiones de los fiscales a cargo de los sumarios administrativos, los cuales confirmaron la existencia de propaganda política en dependencias municipales. El hallazgo fue inicialmente detectado por un funcionario de la Contraloría General de la República, lo que motivó la apertura de una investigación interna.

De acuerdo con los antecedentes, los exfuncionarios almacenaron material de campaña electoral —incluidas palomas con propaganda del entonces candidato a alcalde Gabriel Silva— en instalaciones pertenecientes a la Dirección de Desarrollo Económico Local (DIDEL), contraviniendo las normas de probidad y neutralidad que rigen el servicio público.

Durante la investigación disciplinaria, los involucrados intentaron derivar la responsabilidad hacia funcionarios a honorarios, argumento que fue descartado por los testimonios y pruebas documentales recopiladas por los fiscales instructores.

El alcalde Felipe Méndez señaló que la medida busca reafirmar el compromiso institucional con la transparencia: “Un sello de nuestra administración es que no vamos a tolerar malas prácticas, sea de quien sea. En Molina los recursos públicos se respetan y se protegen. Con esta medida reafirmamos nuestro compromiso con la probidad y la transparencia en el servicio público”.

La autoridad comunal recordó que la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, establece que el principio de probidad administrativa obliga a todo funcionario público a “observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función, con preeminencia del interés general sobre el particular”. Asimismo, el artículo 64 de la misma norma prohíbe expresamente el uso de bienes o instalaciones públicas para fines ajenos a los institucionales.

Con esta decisión, el municipio busca fortalecer la confianza ciudadana en sus instituciones y enviar una señal clara respecto a la intransigencia frente al uso político de los recursos municipales.

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