Los concejales de la comuna de Molina José Luis Lizana Muñoz, Cristian Mauricio Martínez Hernández y Alejandra San Martín Rojas interpusieron el pasado 7 de mayo un requerimiento ante el Tribunal Electoral Regional del Maule, solicitando que se aplique una inhabilidad de cinco años para ejercer cargos públicos a la exalcaldesa de Molina, Priscilla Castillo Gerli (DC), por presuntas infracciones graves a la legalidad, a la probidad administrativa y un notable abandono de deberes durante su gestión al frente del municipio.
El requerimiento fue presentado al amparo del artículo 60 de la Ley N° 18.695, que regula la responsabilidad de los alcaldes y concejales por acciones u omisiones que afecten el correcto desempeño de la función pública. Según los denunciantes, la exautoridad habría incurrido en una serie de conductas reiteradas e inexcusablemente contrarias a sus deberes legales.
Entre los principales antecedentes expuestos, se detalla el supuesto uso de recursos públicos municipales en favor de una campaña política, donde se habría instruido a funcionarios del Programa Habilidades para la Vida (HPV) —financiado mediante convenios con JUNAEB— para participar en actividades proselitistas del entonces candidato a alcalde Gabriel Silva, utilizando tiempo laboral, materiales del programa y recursos del municipio.
El requerimiento incluye testimonios de funcionarios municipales, quienes denuncian haber sido presionados para colaborar con la campaña, elaborar material propagandístico y asistir a actividades políticas durante horario laboral. Además, se cuestiona la participación directa de la exalcaldesa en estas actividades, lo que —según los concejales— evidencia conocimiento y eventual responsabilidad en los hechos.
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Este nuevo requerimiento se suma a una acción judicial previa. El pasado 28 de enero de 2025, la actual administración municipal presentó una querella por malversación de fondos públicos y fraude al fisco ante el Juzgado de Garantía de Molina, relacionada con presuntas irregularidades en la gestión de fondos del programa HPV, ocurridas entre agosto y octubre de 2024. Dos días después, el 30 de enero, la propia exalcaldesa se refirió al tema a través de sus redes sociales, calificando la querella como una maniobra para desacreditar su gestión y afectarla políticamente. “Desde mi punto de vista, esta acción tiene un propósito: desacreditar el trabajo que se realizó como administración municipal”, afirmó, agregando que la considera parte de una estrategia para afectar su postulación al Congreso.
Cabe recordar que Priscilla Castillo Gerli renunció a su cargo el 14 de noviembre de 2024, anunciando su intención de competir por un escaño en la Cámara de Diputadas y Diputados por el Distrito N°17, que abarca las provincias de Curicó y Talca, en las elecciones parlamentarias programadas para el 16 de noviembre de 2025.
El Tribunal Electoral del Maule será ahora el encargado de analizar los antecedentes y determinar si las acciones atribuidas a la exalcaldesa configuran las causales de inhabilidad establecidas por la ley. De acogerse el requerimiento, Castillo Gerli quedaría impedida de ejercer cargos públicos por un periodo de cinco años.
