Con respaldo transversal, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a ley el proyecto que endurece las sanciones penales para los delitos de robo, hurto y receptación de cables, incluidos los utilizados en servicios de telecomunicaciones, electricidad y agua potable.
El texto legal establece que, si producto del delito se afecta a una cantidad relevante de usuarios dentro de un poblado, se aplicará la pena de presidio mayor en su grado mínimo, es decir, de 5 años y un día a 10 años. Además, se considerará como agravante que el autor del delito simule ser trabajador de una empresa de servicios o utilice información privilegiada obtenida como empleado de estas compañías.
La normativa también modifica el artículo 485 del Código Penal, incorporando como agravante causar la interrupción o interferencia de uno o más servicios públicos o domiciliarios, como electricidad, gas, agua, alcantarillado, colectores de aguas lluvias o telecomunicaciones, con daños superiores a 40 UTM.
Diputado Hugo Rey: “El que roba cables, lo va a pagar con cárcel”
El diputado por el Distrito 17 de la Región del Maule, Hugo Rey Martínez, valoró el despacho de la iniciativa. “Damos un paso firme contra una de las prácticas delictuales que más afecta la vida cotidiana de las personas: el robo de cables. Esta nueva ley endurece las sanciones para quienes cometan robo, hurto o receptación de cables, y establece penas agravadas si estos actos provocan la interrupción de servicios públicos o domiciliarios, como la electricidad, el internet o el agua potable”, afirmó.
El parlamentario agregó. “No puede ser que familias enteras queden sin luz o sin conectividad porque algunos lucran con la delincuencia. Esta norma no solo protege la infraestructura crítica, sino que resguarda la seguridad, la conectividad y la dignidad de millones de chilenos. Aquí el mensaje es claro: el que roba cables, no solo comete un delito, también afecta a todo un país, y lo va a pagar con cárcel”.
El proyecto también contempla modificaciones a la Ordenanza de Aduanas, sancionando la declaración maliciosamente falsa de mercancías de exportación y el uso fraudulento o adulterado de certificados de origen, particularmente en el contexto del contrabando de metales.
Asimismo, se penaliza a los funcionarios públicos que, en ejercicio de sus funciones, faciliten la comisión de delitos de contrabando, aplicándoles las sanciones correspondientes a los autores materiales.
Durante la discusión del informe de la comisión mixta, parlamentarios de distintos sectores advirtieron sobre el vínculo del robo de cables con redes de crimen organizado, destacando la necesidad de fortalecer la fiscalización del Servicio Nacional de Aduanas, y de los ministerios de Energía y Medioambiente.
El diputado Renzo Trisotti señaló que este delito “opera con un gran mecanismo logístico”, mientras que Daniel Manouchehri recalcó que “o enfrentamos estas mafias o jugamos con fuego”. La diputada Carolina Tello ejemplificó que la Región de Coquimbo vive una emergencia por esta causa, y Víctor Pino advirtió que este crimen “afecta especialmente a sectores vulnerables”. En tanto, Andrés Longton valoró que la ley apunte a cortar la cadena de suministro, incluyendo sanciones a quienes receptan y exportan cables robados.
