Como una herramienta clave para frenar un delito que ha afectado gravemente a zonas rurales del país, calificó el diputado Benjamín Moreno la aprobación del proyecto de ley que endurece las sanciones por el robo, hurto y receptación de cables de telecomunicaciones. El parlamentario votó a favor de la iniciativa, que modifica el Código Penal y la Ordenanza de Aduanas, y que ahora avanza en su tramitación con apoyo transversal.
Durante los últimos años, el robo de cables ha dejado de ser un delito menor para convertirse en una actividad sistemática, ejecutada por bandas organizadas que comercializan el cobre sustraído, afectando no solo el suministro eléctrico, sino también los servicios de internet y telefonía, especialmente en regiones como el Maule.
“Aquí no se trata solo de reponer un cable. Se trata de la interrupción de servicios esenciales como electricidad, internet y telefonía, lo que deja a comunidades enteras desconectadas y vulnerables”, enfatizó el diputado Moreno, destacando el impacto que estas acciones tienen en la vida diaria de miles de personas, en especial en sectores donde la conectividad ya es limitada.
Las cifras dan cuenta de la gravedad del problema: en 2023 se robaron más de 255 kilómetros de cableado en el país, afectando a más de 250 mil hogares. Ese mismo año, Enel reportó la sustracción de 68 toneladas de cable, con un costo de reposición cercano a los $2.900 millones. En tanto, en lo que va de 2024, CGE denunció el robo de 225 kilómetros de cable, situación que comprometió el suministro eléctrico de más de tres millones de personas.
A ello se suma el aumento del contrabando de cobre. Según el Servicio Nacional de Aduanas, entre 2023 y 2025 se han incautado más de 415 toneladas de chatarra de cobre de origen ilícito, con decomisos relevantes en los puertos de San Antonio y Talcahuano, puntos considerados críticos por las autoridades.
El proyecto aprobado establece penas más severas cuando el delito afecta directamente a los usuarios, o cuando se comete suplantando a trabajadores de empresas proveedoras. Asimismo, sanciona el uso de certificados falsos en procesos de exportación, una estrategia clave utilizada por las redes criminales para comercializar el metal robado.
“Estos no son actos aislados ni menores. Son delitos complejos, bien organizados, que requieren una respuesta firme del Estado. Hoy respondemos con una ley clara y necesaria que protege a las personas y enfrenta con decisión estas redes criminales”, sostuvo el parlamentario.
Finalmente, el diputado Benjamín Moreno destacó que la nueva normativa representa una respuesta concreta a una demanda ciudadana urgente. “Esta es una medida directa para devolver tranquilidad a nuestras familias, especialmente en el mundo rural, donde estos cortes se sienten con más fuerza y afectan la educación, el trabajo y el acceso a servicios básicos”, concluyó.
