Un nuevo informe emitido por la Contraloría General de la República (CGR) reveló que 13.286 funcionarios públicos asistieron a casinos de juego mientras se encontraban con licencias médicas activas entre los años 2023 y 2024. La cifra se suma al hallazgo anterior, en que más de 25 mil trabajadores del Estado viajaron al extranjero en periodos de reposo médico.
El nuevo documento, correspondiente al décimo Informe Consolidado de Información Circularizada (CIC), da cuenta de que estos funcionarios realizaron un total de 14.923 visitas a casinos, en un periodo en el que debían estar ausentes por motivos de salud. Las regiones con mayor concentración de ingresos a estos recintos fueron O’Higgins (3.376), Biobío (2.180) y Valparaíso (2.162).
La situación ha provocado una ola de cuestionamientos al interior del sistema público, ya que los involucrados provienen de 799 organismos estatales, siendo los municipios (30%) y los hospitales y servicios de salud (29%) las instituciones con mayor proporción de casos. También figuran en el listado entidades como la Junta Nacional de Jardines Infantiles (516 licencias), Fundación Integra (480), y servicios de salud en Concepción, O’Higgins y Viña del Mar.
El informe también señala que 1.486 de los funcionarios ahora identificados ya estaban en la nómina anterior de quienes salieron del país durante una licencia médica, lo que indica una eventual reincidencia en el uso irregular del beneficio.
Reacciones y procesos en curso
La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, calificó los hechos como “impresentables” y aseguró que se trata de “un uso y abuso de un instrumento tan importante para la seguridad social”. Vallejo señaló que ya se han iniciado sumarios administrativos y que deben establecerse todas las responsabilidades correspondientes, incluso en las distintas ramas de las Fuerzas Armadas.
Desde el Congreso, el presidente de la comisión investigadora de licencias médicas, el diputado Hernán Palma (FREVS), anunció que solicitará la citación de la contralora Dorothy Pérez, señalando que este nuevo antecedente “agrava progresivamente la crisis en el sistema”.
Por su parte, el diputado Jaime Sáez (Frente Amplio) indicó que las sanciones deben ser ejemplificadoras para no dañar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, mientras que el parlamentario Daniel Lilayu (UDI) pidió acelerar las investigaciones judiciales y aplicar sanciones penales cuando corresponda, incluyendo delitos como uso malicioso de instrumento público o fraude al Fisco.
Desde el Partido Republicano, el diputado Agustín Romero propuso que el Gobierno patrocine una reforma legal que permita no solo sancionar estas conductas, sino también exigir la devolución de lo defraudado y la pérdida inmediata del empleo público.
Proyecto de ley y nuevas medidas
En respuesta a estos casos, el Ejecutivo ingresó el pasado 10 de julio un proyecto de ley que busca reducir los incentivos para extender licencias médicas. Una de las medidas más relevantes es la eliminación del pago completo del sueldo durante el reposo en el sector público, equiparándolo con el cálculo que se realiza en el sector privado.
El nuevo mecanismo establece un pago diario del subsidio equivalente al 13% del sueldo bruto mensual. Esta fórmula aplicará a todas las licencias, con excepción de las relacionadas con maternidad o accidentes laborales.
Por ahora, la Contraloría ya ha instruido más de 7 mil sumarios administrativos relacionados con casos previos, y se espera que esta nueva revelación sume nuevas investigaciones. Las sanciones pueden incluir desde la suspensión con rebaja de sueldo hasta la destitución definitiva del cargo.
