La iniciativa incorpora nuevas herramientas para enfrentar hechos de violencia al interior de los recintos educativos y quedó lista para ser promulgada por el Presidente de la República.
VALPARAÍSO, CHILE – La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley conocido como “Escuelas Protegidas”, iniciativa que establece medidas de seguridad, orden y resguardo para las comunidades educativas. Con ello, el texto quedó en condiciones de ser remitido al Presidente de la República para su promulgación.
La propuesta busca entregar nuevas herramientas a los establecimientos educacionales para enfrentar situaciones de violencia escolar, una problemática que ha generado preocupación en diversas comunidades educativas del país.
Durante la discusión parlamentaria, distintos legisladores coincidieron en que la violencia al interior de las escuelas afecta directamente el derecho a la educación y dificulta los procesos de aprendizaje. No obstante, también se planteó que la iniciativa no constituye una solución integral a los problemas estructurales asociados a la violencia ni a los desafíos de salud mental presentes en la sociedad.
Revisión de mochilas y pertenencias
Entre las medidas incorporadas, el proyecto permite que los sostenedores incluyan en los reglamentos internos procedimientos para la revisión de mochilas, bolsos y otros efectos personales de los estudiantes, excluyendo sus vestimentas.
Asimismo, una de las modificaciones introducidas por el Senado establece que también se podrá solicitar al estudiante mostrar o vaciar el contenido de sus bolsillos cuando existan antecedentes que justifiquen la medida.
En caso de detectarse elementos potencialmente peligrosos, los establecimientos deberán informar de manera inmediata a los padres o apoderados y dar aviso a Carabineros de Chile o a la Policía de Investigaciones de Chile.
La normativa también regula los procedimientos ante una eventual negativa del estudiante a la revisión. Si esta situación persiste incluso en presencia de sus padres o apoderados, las pertenencias deberán ser retiradas del establecimiento y el sostenedor tendrá que informar el hecho a la respectiva Oficina Local de la Niñez.
Restricciones para acceder a la gratuidad
Otro de los puntos aprobados establece que no podrán acceder al beneficio de gratuidad en la educación superior quienes hayan sido condenados por delitos que atenten contra la vida, la integridad física, la indemnidad sexual o la propiedad.
Respecto de los delitos contra la propiedad, el Senado acotó que la restricción se aplicará únicamente cuando estos hechos hayan sido cometidos en establecimientos educacionales, instituciones de educación superior o en sus inmediaciones.
Protección a funcionarios y comunidades educativas
La iniciativa también contempla sanciones para adultos condenados por delitos cometidos contra profesionales o asistentes de la educación.
En estos casos, las personas sancionadas quedarán inhabilitadas para celebrar contratos con el Estado durante un período de tres años.
Además, los reglamentos internos de los establecimientos podrán restringir el ingreso de padres o apoderados que hayan agredido física, verbalmente o mediante plataformas digitales a funcionarios de la educación o a estudiantes.
La Cámara aprobó la mayoría de las disposiciones con 105 votos a favor y 46 en contra, respaldando así el texto que previamente había sido perfeccionado durante su tramitación en el Senado.
Finalmente, el proyecto incorpora un mecanismo de gradualidad para la entrada en vigencia de sus distintas disposiciones, en concordancia con la implementación de la Ley N.º 21.809 sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas.
