El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal dictó penas de presidio efectivo contra los responsables del crimen registrado en noviembre de 2024. Uno de los condenados recibió además sanciones por delitos asociados a armas, drogas y municiones.
SAN FERNANDO, REGIÓN DE O’HIGGINS – El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando dictó sentencia contra dos hombres por su responsabilidad en un homicidio cometido en la comuna durante noviembre de 2024, resolución que fue adoptada de manera unánime por el tribunal.
Los condenados, Patricio Andrés Cabello Puebla y Fernando Alejandro Martínez Durán, deberán cumplir cada uno 13 años de presidio efectivo, en calidad de autores del delito consumado de homicidio simple.
De acuerdo con los hechos establecidos durante el juicio, el crimen ocurrió alrededor de las 06:00 horas del 1 de noviembre de 2024, en calle Feliciano Silva, en la población San Hernán. En ese lugar, ambos sujetos actuaron conjuntamente y, premunidos de un arma de fuego y un arma blanca, abordaron a la víctima.
La sentencia contempla además para ambos condenados la inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos, junto con la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo que se extiendan las respectivas condenas.
En el caso de Fernando Alejandro Martínez Durán, el tribunal impuso penas adicionales por otros ilícitos. Por tenencia de arma de fuego prohibida fue condenado a ocho años de presidio efectivo, además de las accesorias legales correspondientes.
También deberá cumplir tres años de reclusión y pagar una multa de 10 UTM como autor del delito consumado de tráfico ilícito de drogas en pequeñas cantidades, sumándose la suspensión de cargos y oficios públicos durante el periodo de la condena.
A lo anterior se agregan 818 días de presidio por el delito consumado de tenencia ilegal de municiones, junto con la respectiva suspensión de cargos y oficios públicos.
Una vez que la sentencia se encuentre ejecutoriada, el tribunal ordenó obtener muestras biológicas de los condenados para determinar sus huellas genéticas e incorporarlas al Registro Nacional de ADN de Condenados. Asimismo, decretó el comiso del dinero, droga y demás especies incautadas durante la investigación.
