El Juzgado de Garantía acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó la medida cautelar de prisión preventiva para tres imputados que conformaban una organización dedicada al cultivo, procesamiento y venta de cannabis sativa en sectores rurales de difícil acceso en las comunas de San Clemente y Colbún.
La decisión se enmarca en una investigación que se extendió por diez meses y que fue liderada por la Fiscalía y desarrollada por la sección OS7 de Carabineros de Talca, en virtud de la Ley 20.000 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes. Durante el operativo, se logró incautar más de 22 kilos de marihuana procesada, equivalentes a unas 120 mil dosis, avaluadas en aproximadamente 40 millones de pesos.
La operación se activó tras una transacción de droga monitoreada por personal policial, lo que permitió la detención en flagrancia de un comprador y la posterior captura de los tres imputados en sus respectivos domicilios, donde además se incautó droga lista para su comercialización y dinero en efectivo.
“El Ministerio Público formalizó cargos por tráfico de drogas y plantación ilegal de cannabis sativa, considerando la magnitud del decomiso y el modo de operar de los imputados. Por la gravedad de los hechos, solicitamos prisión preventiva, lo que fue acogido por el tribunal, fijándose un plazo de investigación de 90 días”, señaló el fiscal José Alcaíno. “Se trata de la mayor plantación incautada con detenidos en lo que va del año en la región del Maule, lo que reafirma el trabajo eficaz entre Fiscalía y Carabineros”, agregó.
Por su parte, la mayor María Fernanda Muñoz, jefa de la Tercera Comisaría de Talca, destacó que “esta diligencia es fruto de una orden de investigar conjunta con el Ministerio Público, que permitió desarticular esta agrupación y retirar del mercado una importante cantidad de droga, además de poner a disposición de la justicia los elementos incautados como evidencia”.
Los imputados enfrentan cargos por tráfico de drogas y cultivo ilícito de especies vegetales productoras de estupefacientes. De ser condenados, arriesgan penas privativas de libertad que podrían superar los diez años.
