La iniciativa impulsada por el Gobierno establece nuevas agravantes penales para delitos cometidos contra integrantes de comunidades educativas y ahora continuará su tramitación en el Senado.
VALPARAÍSO, CHILE – La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto de ley que busca aumentar las sanciones para delitos cometidos en contextos escolares, iniciativa que incorpora nuevas agravantes penales cuando las víctimas pertenezcan a comunidades educativas.
La propuesta, impulsada por el Gobierno y complementaria al proyecto denominado “Escuelas Protegidas”, fue despachada al Senado para continuar su segundo trámite legislativo.
En su votación general, el proyecto obtuvo 104 votos a favor, 16 en contra y 22 abstenciones. Posteriormente, uno de sus artículos centrales fue respaldado con 81 votos favorables, 49 en contra y 12 abstenciones.
La iniciativa establece como agravante penal cometer delitos contra integrantes de comunidades educativas en el ejercicio de sus funciones o en actividades relacionadas con establecimientos educacionales.
La norma considera como parte de la comunidad educativa a:
- estudiantes,
- padres y apoderados,
- docentes,
- asistentes de la educación,
- equipos directivos,
- y sostenedores.
Además, las agravantes se aplicarán en delitos ocurridos:
- dentro de establecimientos educacionales,
- en sus inmediaciones,
- durante actividades escolares,
- o en transporte escolar.
El proyecto también incorpora sanciones agravadas para delitos contra la propiedad cometidos mediante violencia, intimidación o daños dentro de recintos educacionales, incluyendo casos de incendio.
Asimismo, se establece un aumento de pena para delitos de lesiones, amenazas y agresiones físicas cometidas por padres, apoderados o tutores contra funcionarios y profesionales de establecimientos educacionales.
Debate en el Congreso
Durante la discusión parlamentaria, legisladores que respaldaron la iniciativa señalaron que el objetivo es reforzar la protección de espacios educativos y entregar mayores herramientas frente al aumento de episodios de violencia escolar registrados en el país.
Desde las posiciones favorables se argumentó que las agresiones impactan directamente en la salud mental de estudiantes, docentes y equipos educativos, por lo que resulta necesario fortalecer el respaldo institucional hacia las comunidades escolares.
En contraste, parlamentarios críticos del proyecto cuestionaron que el enfoque esté centrado principalmente en el aumento de penas, advirtiendo que la violencia escolar corresponde a un fenómeno complejo que también requiere medidas preventivas, apoyo psicosocial y fortalecimiento de la salud mental.
Algunos legisladores manifestaron preocupación respecto del impacto que estas modificaciones podrían generar en niños, niñas y adolescentes vinculados a contextos de vulnerabilidad.
Por parte del Ejecutivo, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió la iniciativa y afirmó que el Estado debe entregar una señal clara de protección hacia las comunidades educativas frente al incremento de agresiones registradas en establecimientos educacionales.
