Iniciativa avanzó a segundo trámite legislativo e incorpora revisión de mochilas, sanciones por interrupción de clases y nuevas condiciones para la gratuidad en educación superior
VALPARAÍSO, CHILE – La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por mayoría el proyecto de ley que establece medidas de seguridad, orden y respeto en la comunidad educativa, iniciativa impulsada por el Gobierno bajo el plan “Escuelas Protegidas”, la cual fue despachada a segundo trámite legislativo.
El texto fue respaldado en general por 103 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones, dando paso a una discusión en particular que incluyó 27 votaciones sobre artículos e indicaciones, en medio de un debate marcado por posturas contrapuestas respecto a su alcance y efectos.
Entre las principales medidas, el proyecto permite a los establecimientos educacionales incorporar en sus reglamentos internos la revisión de mochilas, bolsos u otros efectos personales de estudiantes, con el objetivo de evitar el ingreso de elementos peligrosos. No obstante, se establece de forma explícita que estará prohibida cualquier revisión corporal o exigir que el estudiante se desnude.
En caso de detectarse objetos que puedan ser utilizados para agredir o dañar infraestructura, los recintos deberán informar de inmediato a padres o apoderados y a Carabineros de Chile o la Policía de Investigaciones. Además, se definirá qué personal estará autorizado para efectuar estos controles y, en el caso de estudiantes con necesidades educativas especiales, se exigirá asesoría de profesionales del Programa de Integración Escolar (PIE) o convivencia escolar.
La iniciativa también aborda la interrupción de clases, considerando como faltas graves aquellos actos que impidan el desarrollo normal de la jornada escolar, incluidas amenazas que alteren el funcionamiento del establecimiento, exceptuando situaciones involuntarias.
Asimismo, se contempla que los reglamentos internos incluyan prohibiciones sobre vestimentas o accesorios que dificulten la identificación facial o que promuevan violencia, drogas o conductas delictuales.
En el ámbito de la educación superior, el proyecto incorpora un nuevo requisito para acceder a la gratuidad, estableciendo que no podrán optar a este beneficio quienes hayan sido condenados por delitos que atenten contra la vida, la integridad física o la propiedad, medida que tendrá una vigencia de cinco años. Además, se fija la obligación de las instituciones de suspender el beneficio en caso de condenas durante el periodo de estudios.
Durante la discusión, parlamentarios que apoyaron la iniciativa señalaron que responde a un escenario de creciente inseguridad en establecimientos educacionales, destacando que busca restablecer la autoridad docente y garantizar condiciones adecuadas para el aprendizaje. En contraste, sectores críticos advirtieron que el proyecto carece de financiamiento y aborda la problemática desde una lógica punitiva, además de cuestionar eventuales vulneraciones a derechos de niños, niñas y adolescentes.
