La iniciativa, conocida como ley antiencapuchados, avanzó al Senado tras ser respaldada por la mayoría de la Cámara. La propuesta aumenta las sanciones para quienes cometan delitos utilizando elementos destinados a impedir su identificación.
VALPARAÍSO, REGIÓN DE VALPARAÍSO – Con 100 votos a favor, 36 en contra y 2 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en primer trámite constitucional el proyecto de ley que busca establecer sanciones más severas para quienes cometan delitos ocultando su identidad mediante capuchas, máscaras u otros elementos similares. La iniciativa continuará ahora su tramitación en el Senado.
La propuesta apunta a castigar con mayor rigor a quienes dificulten deliberadamente su identificación al momento de cometer delitos, con el objetivo de evitar la acción de la justicia y favorecer su impunidad.
Entre las medidas contempladas, el proyecto establece que la pena aplicable aumentará en un grado cuando una persona cometa delitos contra el orden público utilizando elementos destinados a impedir, dificultar o retardar su identificación. De esta manera, una sanción de hasta 540 días de presidio podría elevarse a un rango de entre 541 días y 3 años de cárcel, mientras que una pena de hasta 3 años podría aumentar a entre 3 años y un día y 5 años de presidio, dependiendo del ilícito cometido.
Asimismo, la iniciativa incorpora sanciones más estrictas para el delito de saqueo cuando sea ejecutado por personas encapuchadas. En esos casos, los tribunales deberán aplicar el máximo de la pena contemplada para dicho delito.
Otro aspecto relevante es la incorporación de una nueva circunstancia agravante en el Código Penal. Esta considerará especialmente reprochable cometer un delito ocultando el rostro o la identidad con el propósito de eludir la acción de la justicia, elemento que podrá ser considerado por los jueces al momento de determinar la condena.
Durante el debate parlamentario surgieron posiciones contrapuestas respecto de la iniciativa. Quienes respaldaron el proyecto señalaron que la norma no busca restringir el derecho a manifestarse, sino sancionar a quienes aprovechan el anonimato para cometer delitos, alterar el orden público o provocar daños a bienes públicos y privados.
Además, varios parlamentarios que apoyaron la propuesta hicieron referencia a los hechos registrados desde octubre de 2019, argumentando que existe la necesidad de contar con herramientas legales que permitan combatir la impunidad en este tipo de situaciones.
Por su parte, los detractores sostuvieron que las leyes penales no deberían modificarse en función de hechos coyunturales. También argumentaron que el ocultamiento de identidad ya se encuentra contemplado en la legislación vigente y cuestionaron que el proyecto eleve las sanciones de manera desproporcionada, advirtiendo posibles diferencias en la gravedad de las penas respecto de otros delitos.
