La Cámara aprobó el informe por 66 votos a favor y 35 en contra; el Senado también lo respaldó, dejando el proyecto listo para su promulgación
CHILE – El Congreso Nacional despachó el Presupuesto 2026 luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara por 66 votos a favor y 35 en contra el informe de la Comisión Mixta, instancia que resolvió las discrepancias surgidas durante la tramitación. El Senado también votó favorablemente, permitiendo la aprobación definitiva del proyecto.
El acuerdo alcanzado en la mixta incluyó la reposición de las partidas del Congreso Nacional y del Ministerio de Seguridad Pública, incorporando además una reasignación de 5 mil millones de pesos para Carabineros y la Policía de Investigaciones, recursos que serán destinados a equipamiento tecnológico en la PDI (4.500 millones) y a gastos reservados para labores de inteligencia en Carabineros. Estos fondos se redirigieron desde la partida del Ministerio de Cultura mediante un ajuste al financiamiento del Pase Cultural.
Sitios de memoria e INJUV: acuerdos complementarios
La Comisión Mixta también repuso los recursos destinados a la mantención de sitios de memoria, con la condición de que el 50% de esos fondos se utilice en actividades verificables.
En paralelo, se recuperaron recursos para el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), incorporando una glosa que obliga al Ministerio de Desarrollo Social a presentar, en junio de 2026, un rediseño institucional para evitar duplicidades con otros organismos.
Asimismo, se autorizó al Fisco a postergar temporalmente el cumplimiento de obligaciones relacionadas con el mecanismo de financiamiento de capacidades estratégicas de la defensa, particularmente en lo referido al traspaso de saldos al Fondo Plurianual.
Norma rechazada: traspaso de recursos desde los gobiernos regionales
La propuesta de la Comisión Mixta fue votada en bloque. Sin embargo, uno de sus puntos no alcanzó el quórum requerido: la norma que autorizaba a empresas y sociedades del Estado a recibir financiamiento de gobiernos regionales para proyectos de desarrollo, incluidos trenes de acercamiento, inversiones de ENAMI, ASMAR, ENAP, el Fondo de Infraestructura y empresas portuarias.
Al corresponder a una disposición de quórum calificado, se requerían 76 votos favorables, cifra que no se alcanzó durante la votación en la Cámara.
Debate parlamentario: apoyos y reparos
Durante la discusión en Sala, parlamentarios de distintas bancadas destacaron el acuerdo transversal logrado en la Comisión Mixta.
La diputada Joanna Pérez y los diputados Carlos Bianchi, Jaime Sáez, Diego Schalper, Héctor Barría, Juan Carlos Beltrán y Jorge Guzmán valoraron el consenso alcanzado, subrayando la reasignación de recursos para seguridad pública, el aumento de subsidios habitacionales y el fortalecimiento del rol fiscalizador de la Contraloría.
Desde Renovación Nacional y Evópoli, se calificó el proceso como complejo, pero se destacó que la oposición logró importantes reasignaciones. En esa línea, el diputado Bianchi insistió en la necesidad de aprobar la norma sobre traspasos regionales, aludiendo a los efectos positivos que tendría para Magallanes en materia portuaria y de inversión.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó la reasignación de 5 mil millones de pesos para Carabineros y la PDI, uno de los compromisos centrales del Gobierno durante la negociación.
Críticas desde la oposición más dura
Las bancadas Republicana, UDI y Partido Nacional Libertario votaron en contra del acuerdo. Los diputados Agustín Romero, Benjamín Moreno, Felipe Donoso, Gustavo Benavente, Hotuiti Teao, Henry Leal y Johannes Kaiser señalaron que la obligación de votar en bloque constituía una “extorsión al Congreso”.
Además, cuestionaron que se repusieran partidas previamente rechazadas y criticaron la falta de “dientes” del Congreso para fiscalizar el gasto público. También expresaron que el presupuesto se basa en una proyección de ingresos poco realista, que no habría sido corregida pese a las advertencias.
Con este despacho, el Presupuesto 2026 queda listo para su promulgación, marcando el cierre de un debate legislativo que involucró ajustes, reasignaciones y amplias negociaciones entre el Ejecutivo y las distintas bancadas parlamentarias.
